Camerún: las presuntas derivas de los servicios de inteligencia entre rivalidades de poder y vigilancia privada

Los servicios de inteligencia cameruneses son descritos como atravesados por rivalidades de poder, dificultades de funcionamiento y presuntos usos de información sensible fuera de su marco oficial. Testimonios y elementos de investigación dan cuenta de una circulación de datos de vigilancia en beneficio de intereses particulares, mientras varias redes tratarían de influir en los canales de información que llegan a la presidencia.
Estos elementos deben distinguirse de los hechos establecidos por la justicia. Se basan en parte en fuentes, testimonios y acusaciones recíprocas. Algunos responsables mencionados rechazan los reproches formulados en su contra. No obstante, ponen de relieve una cuestión central: cuando la inteligencia se percibe como un instrumento de rivalidad o presión, la misión de protección del Estado y de los ciudadanos se debilita.
Una competencia por el acceso al jefe de Estado
En torno al presidente Paul Biya, varios responsables y redes son presentados como implicados en una lucha de influencia alrededor de la Dirección General de Investigación Exterior (DGRE), encargada de la inteligencia exterior. Entre los nombres mencionados figuran Ferdinand Ngoh Ngoh, secretario general de la presidencia de la República; Samuel Mvondo Ayolo, director del gabinete civil; Oswald Baboke, director adjunto del gabinete civil; así como personas cercanas a la presidencia.
La cuestión no residiría únicamente en el control administrativo de un servicio, sino en la capacidad de orientar la información recibida por el jefe de Estado. Los informes contradictorios pueden convertirse así en instrumentos de poder, ya que cada bando trata de imponer su interpretación de un asunto sensible.
Se citan en particular dos casos para ilustrar esta competencia: el intento de difusión de documentos presentados como decretos presidenciales en las instalaciones de la radiotelevisión pública, y las interrogantes relacionadas con las discrepancias entre la producción de oro en Camerún y las exportaciones declaradas oficialmente. Según los elementos reportados, se habrían transmitido a la presidencia notas diferentes sobre estos asuntos.
Esta batalla informativa se inscribe en un contexto político más amplio, marcado por el peso duradero de las redes institucionales y de seguridad. La historia de las relaciones entre poder, seguridad y oposición sigue siendo, además, un asunto estructurante en el país, como recuerda el artículo dedicado a Paul Biya, la memoria de la guerra y las herencias de la Françafrique.
El caso de Léopold Maxime Eko Eko y las acusaciones cruzadas
Léopold Maxime Eko Eko dirigió la DGRE durante más de diez años. Su trayectoria está en el centro de las tensiones relatadas en torno a la inteligencia camerunesa. A finales de 2020, se habría contemplado un proyecto de nombramiento como embajador en Brasil. Él lo habría interpretado como un intento de apartarlo de Yaundé. Finalmente, el decreto no habría sido firmado.
Tras este conflicto, Léopold Maxime Eko Eko habría acusado a Ferdinand Ngoh Ngoh de haber contribuido a reducir los recursos de la DGRE y de estar detrás de maniobras dirigidas contra él. También habría transmitido un informe que implicaba al secretario general de la presidencia en la gestión de fondos vinculados a la lucha contra el coronavirus.
Ferdinand Ngoh Ngoh fue citado ante el Tribunal Penal Especial en este caso, según los elementos reportados. No se habría presentado. Una operación destinada a detenerlo habría sido suspendida después de un enfrentamiento con su guardia. Léopold Maxime Eko Eko había sido entonces encargado de investigarlo.
En enero de 2023, el antiguo jefe de la DGRE habría entregado a Paul Biya un informe que implicaba a Ferdinand Ngoh Ngoh en un proyecto de golpe de Estado. Cuatro días después de la llegada de esta nota a la presidencia, Léopold Maxime Eko Eko fue detenido en el marco de la investigación por el asesinato del periodista Martinez Zogo. Desde entonces permanece en prisión preventiva en la prisión central de Kondengui.
La proximidad de los acontecimientos alimenta las interrogantes, pero no permite por sí sola establecer una relación de causa y efecto. Léopold Maxime Eko Eko considera esta secuencia una maniobra dirigida contra él; Ferdinand Ngoh Ngoh rechaza las acusaciones formuladas en su contra.
Cuando los datos de vigilancia salen de los circuitos oficiales
La inteligencia recopila, por naturaleza, información confidencial. El problema aparece cuando esta información se utiliza con fines personales, comerciales o para ajustar cuentas. Varios relatos dan cuenta de presuntas filtraciones de datos procedentes de vigilancias telefónicas o dispositivos de seguimiento.
Justin Danwe, entonces director de operaciones de la DGRE, es presentado en particular como alguien que transmitió información sensible a Modeste Mopa Fatoing, exdirector general de impuestos. También se le describe como alguien que mantenía vínculos estrechos con el empresario Jean-Pierre Amougou Belinga. Según los elementos reportados, informaciones de vigilancia habrían servido para reforzar relaciones o ejercer presión sobre responsables, incluso más allá de las fronteras camerunesas.
Testimonios anonimizados describen también un presunto acceso a registros telefónicos y datos de desplazamiento por la suma de 25.000 francos CFA, en el marco de un conflicto conyugal. En otro caso, un empresario afirma haber sido advertido de que sus comunicaciones estaban intervenidas durante un litigio relacionado con una carga. Dice que posteriormente difundió indicaciones falsas por teléfono para orientar los controles hacia un competidor.
Un periodista que investigaba un caso de corrupción habría recibido, por su parte, información precisa sobre sus hábitos cotidianos, incluida la hora a la que apagaba la luz. Sin una amenaza explícita, un procedimiento de este tipo puede interpretarse como una intimidación: indica a la persona afectada que sus desplazamientos y su intimidad ya no le pertenecen por completo.
Una red de vigilancia que llega hasta la vida cotidiana
La Dirección de Vigilancia del Territorio (DST) también es mencionada en estos relatos. Una agente que trabajaba oficialmente en la administración habría declarado actuar bajo otra identidad para este servicio. Su misión habría consistido en detectar publicaciones de periodistas, opositores o simples internautas, y después redactar notas de inteligencia sobre sus autores.
En esta lógica, una publicación crítica en Facebook podría llevar a la apertura de un expediente o a la identificación de su autor. Esta posibilidad plantea una cuestión fundamental sobre la frontera entre vigilancia de seguridad, seguimiento de la opinión pública y vigilancia política.
La captación de jóvenes informantes sería también un componente del dispositivo. Un antiguo estudiante cuenta que fue invitado a una reunión presentada como asociativa, antes de comprender que se trataba de una operación informal de reclutamiento para misiones de vigilancia de barrio. Se habrían presentado promesas de empleos públicos o ingresos estables para atraer a voluntarios.
Las personas que podrían transmitir información no se presentarían necesariamente como agentes. Podrían trabajar en la administración, los negocios, la restauración u otros sectores. Esta presencia difusa facilitaría el acceso a objetivos, pero también dificultaría la identificación de los límites reales de la vigilancia.
La precariedad de los servicios, un factor de presuntas derivas
Según varias fuentes citadas, la DGRE habría sufrido un importante debilitamiento material. La falta de recursos habría llevado a algunos agentes a vender notas de síntesis o informaciones de inteligencia a bajo precio. En este contexto, la información confidencial corre el riesgo de convertirse en una mercancía en vez de una herramienta al servicio de la seguridad nacional.
Esta situación alimentaría un círculo peligroso: cuanto menos recursos tenga un servicio y menos supervisado esté, más expuestos pueden estar sus agentes a influencias, clientelismos e intereses privados. Las consecuencias no afectan únicamente a las luchas entre responsables. También alcanzan a ciudadanos, periodistas, funcionarios, empresarios y a cualquier persona susceptible de convertirse en un objetivo.
Los debates sobre el Estado camerunés no pueden separarse de ciertas continuidades históricas, en particular las vinculadas a la represión política y a la construcción institucional posterior a la independencia. El repaso de la represión de la UPC y de la independencia de Camerún permite situar estos desafíos en una historia más larga de las relaciones entre seguridad, poder y contestación.
Por qué el control de la inteligencia es un desafío democrático
Un servicio de inteligencia necesita discreción para cumplir determinadas misiones de prevención y seguridad. Pero esta exigencia no exime de un control legal e institucional. La protección de las comunicaciones, de la vida privada y de la libertad de expresión requiere garantías frente al uso arbitrario de las herramientas de vigilancia.
Cuando la información confidencial circula entre clanes, responsables administrativos o actores económicos, la confianza en las instituciones se deteriora. Cuando los ciudadanos creen que pueden ser vigilados por una publicación, un conflicto privado o una actividad profesional, la autocensura puede sustituir al debate público.
Las acusaciones relativas a los servicios de inteligencia cameruneses subrayan, por tanto, menos un único caso que un desafío estructural: la necesidad de distinguir claramente entre la seguridad del Estado, las rivalidades políticas y los intereses particulares.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el papel de la DGRE en Camerún?
La Dirección General de Investigación Exterior, o DGRE, es presentada como el servicio encargado de la inteligencia exterior. Sin embargo, los elementos reportados evocan su implicación en rivalidades institucionales y la presunta circulación de información sensible dentro de redes de poder.
¿Están probadas las acusaciones de vigilancia privada?
Los casos mencionados se basan en testimonios y fuentes de investigación. Plantean sospechas serias, pero no deben confundirse con decisiones judiciales definitivas ni con hechos jurídicamente establecidos en cada situación.
¿Por qué los informes de inteligencia están en el centro de las rivalidades?
Porque pueden influir en la valoración que las más altas autoridades hacen de una crisis, un responsable o un expediente. Los informes contradictorios dan a diferentes redes la posibilidad de defender versiones opuestas de los mismos acontecimientos.



